Segundo o jornalista MOY ÁLVAREZ, do ABC, "en la Asociación de Productores Europeos de Bananas (APEB) se han encendido las alarmas, y no sólo por la inminente bajada del arancel, sino por lo que temen pueda ocurrir durante la presidencia española de la Unión Europea (UE). Y es que, según las informaciones que maneja la organización, el Gobierno podría estar preparando un acuerdo bilateral con los países productores latinoamericanos que llevaría el arancel hasta los 75 euros por tonelada, cuando la decisión suscrita días atrás en el punto final a la «guerra del plátano» habla de un recorte que, en el plazo de diez años, dejaría la tarifa en 114 euros. «Puede entenderse, aunque debió haberse negociado de otra manera, la rebaja del arancel, pero lo que no puede entenderse de ninguna manera es que el Gobierno auspicie un acuerdo bilateral por el que la UE ofrecerá a los países de Latinoamérica bajar el arancel hasta los 95 o, incluso, 75 euros», adelantó a este diario el presidente de la APEB, Leopoldo Cólogan. El representante de los productores comunitarios avanzó, incluso, que las intenciones del Ejecutivo estatal pasan por presentar el convenio en los próximos meses, durante el periodo de presidencia española. En cualquier caso, y según la asociación -que engloba a los productores de Canarias, Martinica, Guadalupe y Madeira-, la estrategia de la Administración que lidera José Luis Rodríguez Zapatero poco tiene que ver con el cultivo del plátano.
«El acuerdo se pretenderá vender como una negociación estrella con Latinoamérica, pero el interés del Gobierno es allanar el terreno y favorecer así la entrada de grandes empresas españolas en el territorio», detalló Cólogan, quien no dudó al calificar las supuestas intenciones del Ejecutivo central de «tomadura de pelo» a los productores europeos, en general, y canarios, en particular. El presidente de la APEB insistió en que, «en los pasillos de Bruselas, se habla de que el arancel puede caer hasta los 75 euros por tonelada; así que parece que el Gobierno quiere presentarse durante su turno de presidencia europea como el gran valedor de los países latinoamericanos, contra los que, por otra parte, no tenemos nada», aseguró. Cólogan tiene claro que estos movimientos cuentan con el auspicio del Ejecutivo y, concretamente, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que dirige Elena Espinosa. «Supongo que si yo sé que se habla de una bajada, ya no de hasta 95, sino de hasta 75 euros, el Gobierno manejará también esta información», apuntó. Cumplir lo suscrito
Las denuncias de la APEB llegan apenas unos días después de que la UE, los países productores latinoamericanos, los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) y los Estados Unidos -en defensa de sus multinacionales- acordasen, por imperativo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), aplicar una reducción inminente del arancel, de los actuales 176 euros por tonelada a 148. Posteriormente, en un plazo de diez años, la tarifa caerá hasta los 114 euros. Sin embargo, los términos del convenio distan mucho del compromiso ratificado, el pasado junio, por los ministros del agro francés, portugués y español. «Una de dos: o se firmó algo por firmar o, definitivamente, no pintamos nada», lamentó el representante de los productores europeos, que ahondó en las diferencias entre lo pactado y lo finalmente resuelto, apenas unas jornadas atrás, en el seno de la Comisión Europea. Según detalló, el texto del efímero compromiso entre los tres países con regiones productoras recogía, como primer punto, que la reducción del arancel debía producirse de forma paulatina, «algo que no se ha cumplido», subrayó Cólogan. Asimismo, contemplaba que las tarifas no caerían «nunca» hasta los 95 euros, «cuando parece que el Gobierno está dispuesto a llegar hasta los 75» -insistió-, y que, en cualquier caso, se compensaría a los productores europeos, aunque quienes finalmente recibirán más de 200 millones de euros serán los países ACP. «Es decir, Europa compensa a los productores de estas zonas, pero no a sus propios productores», denunció el presidente de la APEB.
Por si fuera poco, «está por ver», tal y como precisó Cólogan, que la rebaja del arancel no vuelva a estar sobre la mesa de discusión en el marco de la Ronda de Doha, por más que también fuese éste uno de los compromisos adquiridos por los ministros y ratificado en un documento «con el que la asociación está plenamente de acuerdo», afirmó su titular, quien, salvo que la situación dé un vuelco que parece cada vez más complejo, vaticina tiempos difíciles para el subsector del plátano en las Islas.
Líneas de actuación
A tenor de este negro panorama -que, según Cólogan, «no tiene explicación alguna»-, el trabajo de los productores se centra ahora en tratar de minimizar las consecuencias de la rebaja inmediata del arancel, a la espera de que sus sospechas sobre los movimientos del Ejecutivo estatal y la UE no lleguen a confirmarse. En esta línea, el presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), Francisco Rodríguez, pedía, apenas unas pocas horas después de que se hiciesen públicos los términos del convenio, que la ficha financiera del cultivo «se fije en función del perjuicio que supone este acuerdo». Asimismo, el máximo representante de los productores del Archipiélago no dudó al exigir al Gobierno que «se moje» para que el plátano sea incluido en las ayudas al transporte, que aparecen hoy como más necesarias que nunca de cara al futuro del subsector. Y, en medio de esta difícil situación, que aún habrá de escribir varios capítulos más, está en juego el trabajo, entre empleos directos e indirectos, de unas 25.000 personas, amén del particular paisaje verde que, en Canarias -y, especialmente, en La Palma-, dibujan las alrededor de 9.500 hectáreas de cultivo. La «guerra del plátano», lejos de terminar, tras más de 15 años de conflicto, parece que aún tiene muchas batallas por delante"
