La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500

El Colegio de Economistas estima que tras la aplicación de la norma se mantendrán activo como mucho 9.500 unidades, que son la vivienda vacacional 'pura y dura'; el resto son apartamentos turísticos y volverán con la norma a ser lo que son. El texto legislativo se lleva hoy a votación tras un año de demora. El proyecto de ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas, más conocida como la ley de la vivienda vacacional, llega hoy a su fase final de tramitación en el Parlamento de Canarias con su votación.

La norma, que saldrá adelante con el apoyo del Gobierno de Canarias -CC y PP, con ASG y AHI- y el previsible rechazo del PSOE y NC, que han criticado duramente el texto, supondrá un abultado recorte en el número de viviendas vacacionales en las islas. Así lo estima el Colegio de Economistas de Las Palmas, que prevé que la aplicación de la norma 'en su totalidad' -para lo que se tardará aún unos años- deje «como mucho» en solo 9.500 los pisos turísticos en el archipiélago frente a las 72.828 unidades que se registraban a principios de noviembre (último dato disponible).

La economista del Colegio, Rosa Rodríguez, ha llegado a esa estimación de pisos turísticos depurando los datos del censo. Como explica, para empezar, actualmente de las 72.828 viviendas vacacionales inscritas en el registro del Gobierno de Canarias, actualmente solo están activas 47.754, de forma que ya 'a priori' ya se caen del registro 25.074 unidades. Y es que, como recoge la ley de la vivienda vacacional, si durante el último año no se ha ejercido la actividad la declaración responsable decae de forma automática, sin que los ayuntamientos tengan que hacer ningún tipo de trámite o comprobación.

Para seguir, como apunta Rodríguez, de las 47.754 pisos turísticos activos en las islas, solo un 20% son vivienda vacacional propiamente dicha y según recoge el decreto 113/2015, lo que reduce la cifra a 9.551. El resto de unidades son apartamentos o villas turísticas, que como recoge la normativa son unidades turísticas acogidas en el primer caso a la unidad de explotación y, así se mantendrá hasta que se produzca un cambio en la ley.

La modificación normativa está en marcha y se ha planteado que los propietarios puedan comercializar por libre su apartamento siempre y cuanto contribuyan en los gastos comúnes para mantener los servicios del complejo pero por ahora no hay nada definitivo. Estos apartamentos turísticos deben reconvertirse tras la aprobación de la ley del vacacional en lo que son en la aplicación de la norma.

La economista Rosa Rodríguez insiste que la depuración de los datos será mayor y reducirá la cifra aún más de las 9.500 unidades, puesto que hay viviendas vacaciones que no cumplen los requisitos de la norma o están en suelo rústico con actividad agraria, entre otras casuísticas. Sin embargo, para llegar a esa depuración de los datos van a pasar años, ya que una vez se aprueba la ley del vacacional los ayuntamientos tendrán que comenzar con las inspecciones y el control. «Al día siguente de la aprobación de la norma poco va a cambiar. La mayoría de las viviendas van a seguir en la misma alegalidad en la que se encuentran ahora. Estarán en un limbo», indican fuentes del sector próximas. Para empezar, la ley marca un plazo de seis meses para determinar cómo se va a llevar a cabo la inspección.

Cinco años para ordenar todo

La consejera de Turismo, Jéssica de León, sin embargo se muestra confiada en que un plazo máximo de cinco años se haya ordenado el sector. Como ha explicado De León en diversas ocasiones, la ley contempla cinco años de paralización de nuevas altas de viviendas vacacionales para que los ayuntamientos ordenen y aprueben un planeamiento que determine hasta dónde puede crecer esta actividad. El Gobierno de Canarias además da todo su apoyo a través de distintos mecanismos como Gesplan para hacer esta tarea. Turismo ha ofrecido a la Fecam dar una ordenanza provisional estandar, por la que el ayuntamiento solo tiene que zonificar, como ha explicado De León, que considera que la norma va a suponer «un antes y un después» en el ordenamiento del sector turístico, ya que la norma aportará seguridad jurídica a los propietarios y dotará de mayor control a los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias (Canarias7, texto da jornalista Silvia Fernández Díaz)