El ministro en funciones de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció este
jueves el pago de 3.772 millones de euros a las comunidades autónomas para que
paguen facturas pendientes con proveedores. La mayor parte de esta cantidad
corresponden a los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario
(FLA) para financiar las desviaciones de déficit público del año pasado.
Hacienda ha retenido otros 2.275 millones a la espera de que las comunidades
acrediten y registren las facturas pendientes en el sistema electrónico
estatal. Las autonomías elevaron en abril por cuarto mes consecutivo el periodo
de pago a proveedores. Cataluña, Extremadura y Murcia y en menor medida Aragón son las
comunidades que más rápido han acreditado las facturas pendientes con
proveedores y antes están cobrando. Del total de créditos baratos adjudicados
por Hacienda a estas Administraciones para financiar los números rojos del año
pasado, han podido justificar más del 90% de las deudas con proveedores a
través de la sede de factura electrónica de Hacienda, según los datos
facilitados este jueves por el propio ministerio. “Si no pagamos más hoy es
porque no estamos en condiciones de acreditar las facturas. Hay que insistir a
los gestores autonómicos que vayan más rápido”, manifestó este jueves el ministro
de Hacienda en funciones.
Castilla-La Mancha es uno de los territorios que menos gastos ha
acreditado y en cambio está entre las autonomías que más han aumentado el
tiempo en pagar a proveedores durante los primeros cuatro meses del año.
Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía son otras de las comunidades que
más retraso llevan en justificar sus facturas ante Hacienda.
La Comunidad de Madrid y La Rioja, por su parte, rechazaron acogerse a
este mecanismo de financiación del estado a bajos tipos de interés porque
prefieren acudir a los mercados. Madrid, por ejemplo, ha colocado ya toda la
deuda autorizada por el Gobierno mediante emisiones de deuda y préstamos
bilaterales con entidades de créditos.
Aunque el titular interino de Hacienda admitió que en las próximas
semanas se atenderán la totalidad del pago del FLA extraordinario, lo cierto es
que las comunidades han aumentado el periodo de pago a proveedores por cuarto
mes consecutivo y no han podido acreditar las facturas pendientes de pago ante
el ministerio. Fuentes de Hacienda explican que para justificarlas tienen,
además, que hacer un cambio contable para liberar créditos presupuestarios con
los que pagar esas facturas. Es decir, anotar contablemente recortes de gasto
en su ejecución presupuestaria, aunque estos se diluirán posteriormente
conforme vayan cobrando los nuevos fondos del sistema de financiación.
El actual modelo de financiación autonómica —el sistema por el que se
reparten los recursos a las comunidades para financiar los servicios básicos—
caducó en 2014 y el Gobierno del PP aplazó la reforma por motivos políticos.
Mientras tanto puso en marcha un sistema de financiación paralelo y extraordinario,
que parchea el actual, a través de créditos baratos: el Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA). Desde 2012 cuando se pusieron en marcha estos mecanismos de
liquidez, las comunidades han recibido más de 150.000 millones de euros en
estos préstamos baratos. La semana pasada expertos del Consejo General de Economistas plantearon
que el Gobierno introdujera quitas parciales de la abultada deuda de las
comunidades con el Estado —la mayor parte procede de FLA y del pago a
proveedores— como moneda de cambio en la negociación para reformar el sistema
de financiación.
Reforma del sistema
El ministro en funciones de Hacienda no cierra del todo la puerta a esta
opción y admite que para negociar el próximo modelo habrá que contemplar todas
las posibilidades. “La obligación del Estado es dar cobertura al resto de
administraciones públicas. Habrá que introducir todos estos elementos en la
financiación autonómica de futuro”, señaló Montoro, que recordó que la deuda
autonómica ya se está reestructurando a través del FLA porque se abarata su
coste y se amplían sus vencimientos. El ministro subrayó que la reforma del sistema de financiación se debe
hacer a través de un acuerdo político muy amplio. “Un acuerdo entre los grandes
partidos”, dijo. De esta forma, admitía que, a diferencia de otras ocasiones
cuando el sistema se negociaba con las comunidades autónomas, el panorama
político que se abre tras las elecciones del 26-J exigirá una negociación entre
las formaciones políticas antes que con las comunidades (EL PAIS)
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