El Gobierno
regional ha incluido en el llamado decreto canario la participación en la
designación de cargos de la Administración General del Estado vinculados a las
islas, como la dirección de Radio Televisión Española en Canarias, la Agencia
Efe, la presidencia de la Zona Especial Canaria, las direcciones de aeropuertos
de interés general situados en las islas o Casa África. Así lo recoge el
borrador del texto que este miércoles el presidente regional, Fernando Clavijo,
presenta a los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo.
Un texto con el que el archipiélago pretende blindar la agenda canaria y, con ella, partidas comprometidas que no se han materializado por la falta de Presupuestos Generales del Estado desde 2023. Como ya había anunciado el portavoz regional, Alfonso Cabello, es un texto «de máximos» que deberá negociar Canarias con el Gobierno de España para que se apruebe en el Consejo de Ministros y, posteriormente, debe ser convalidado en el Congreso. El decreto se sitúa en la larga tradición de reconocimiento de las singularidades fiscales, económicas y geográficas del Archipiélago, desde los Puertos Francos de 1852 hasta el actual Régimen Económico y Fiscal (REF), recordando que la justicia exige «tratar desigualmente a los desiguales». En ese contexto, las islas tratan de compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y la ultraperiferia, pero aprovechan para ampliar competencias.
Transferencias
económicas
El capítulo I está
dedicado a las medidas de recuperación social y económica, y se incluye la
deducción del 60 % del IRPF para la ciudadanía de La Palma, que se hace
extensiva a las islas verdes, La Gomera y El Hierro. También se contempla un
plan especial de empleo para La Palma y el plan de recuperación —100 millones—,
además de la bonificación en la cuota patronal de la Seguridad Social en las
tres islas. En general, para el Archipiélago se pide un plan de empleo y otro
específico para jóvenes menores de 35 años, la gratuidad del transporte público
colectivo terrestre y la bonificación de los del transporte marítimo.
Compensar
diferencias
El capítulo II
está dedicado a las medidas de apoyo a colectivos vulnerables. Se pide el
fomento de la FP y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (de 0 a
3 años), que, tras el fin de la ayuda europea, debe costear la comunidad.
También se plantea mejorar la accesibilidad al Ingreso Mínimo Vital y las
pensiones no contributivas, así como un plan para luchar contra la pobreza —que
ya estaba negociado, en torno a 30 millones de euros— y la cesión de suelo
estatal para viviendas protegidas.
Competencias
ejecutivas en Costas
Es en las
disposiciones adicionales donde se piden cuestiones con más carga política que
financiera. Comienza por el uso del remanente de tesorería, para seguir con la
intervención del Gobierno canario «en modificaciones de situaciones jurídicas
de instituciones y entidades situadas en Canarias». En estas disposiciones
también se pide al Estado que traspase «las competencias ejecutivas y de
gestión que ostenta sobre el dominio público marítimo-terrestre en el
archipiélago». Las islas reclaman asimismo participar en la gestión de los
aeropuertos de interés general radicados en el archipiélago y contar con un
representante en el consejo rector de la entidad pública empresarial Enaire y
en Aena.
También se recoge
que el Estado financie los costes de 1.400 plazas de miembros del Cuerpo
General de la Policía Canaria, para garantizar su despliegue en todas las
islas, y en las disposiciones finales se añade que, en el plazo de un mes tras
la convalidación del decreto, se modificará la normativa necesaria para que
Canarias pueda «designar, separar o confirmar» cargos y puestos vinculados a la
Administración General del Estado en Canarias, entre ellos las direcciones de
RTVE y Efe, o Casa África y la ZEC. También se incluye que se permitan
«contrataciones de emergencia en caso de erupción volcánica»
Es una
«oportunidad de oro, la hoja de ruta de las relaciones con el Estado para los
próximos 15 años»
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este martes el decreto canario en el Parlamento regional como la «oportunidad de oro» de las islas. Es «la hoja de ruta de las relaciones con el Estado para los próximos 15 o 20 años», afirmó. Clavijo respondía así al diputado de su propio grupo, Coalición Canaria (CC), David Toledo, que preguntaba por el texto.
El presidente regional explicó que Canarias había hecho el borrador porque la máxima de su Gobierno es que les cojan «con el trabajo hecho». Clavijo apeló a que a las islas «nadie les ha regalado nada» y pidió «unanimidad» con el texto a los portavoces de los grupos parlamentarios con los que se reunirá este miércoles antes de la continuación de la sesión de control.
«Me gustaría que este decreto canario suscitase la unanimidad de los grupos políticos. Es el momento de retratarse, como decía Casimiro Curbelo. Va a tener contenido solo canario; es el decreto de Canarias, la hoja de ruta de relaciones con el Estado para los próximos 15 o 20 años», abundó. El texto, avanzó, aborda temas «de ciencia, de fiscalidad, también política migratoria, La Palma, educación, infraestructuras, autónomos, turismo, servicios sociales, sanidad. En ese decreto tenemos una oportunidad de oro para conseguir apoyo mayoritario de la Cámara», dijo.
Fernando Clavijo hizo referencia a que, una vez aprobado en el Consejo de Ministros, el texto debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados. «Canarias puede poner de acuerdo a los grandes partidos de este país», afirmó. A su juicio, desde «la unidad y la sociedad canaria», este decreto «puede ser la diferencia». Con esta ley, añadió el jefe del Ejecutivo regional, Canarias «por fin» tendrá «un tratamiento justo y equivalente a otros territorios de España», afirmó (Canarias7)
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