Espanmha: Las comunidades aceleran la entrada de la gestión privada en Sanidad

Escreve a jornalista Mercedes Serraller do Expansion que "Ana Mato defiende un modelo de cooperación. Los pioneros fueron Valencia y Madrid y se han sumado Canarias y Castilla-La Mancha. Si se aplicara a todo el Sistema Nacional de Salud, se reduciría el déficit sanitario en un 42%. “Al ciudadano le da igual que el médico que le atiende sea funcionario o no lo sea mientras el servicio sea de calidad y esté garantizado dentro de una Sanidad universal y gratuita”. Así lo ha dicho la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato en varias ocasiones. Además, Mato ha constatado que todas las comunidades se están apuntando a esta fórmula en alguna de sus modalidades, incluso en las que no gobierna el PP. Y es una realidad: el modelo de colaboración público-privada se extiende cada vez más. La pionera fue Valencia y, luego, Madrid. Cuando el déficit sanitario supera los 16.000 millones y el gasto ya rebasa el 9,5% del PIB, esta fórmula ha ganado una región entusiasta: Castilla-La Mancha, con la entrada del sector privado en los hospitales de Manzanares, Villarrobledo, Tomelloso y Almansa. El consejero de Sanidad de la Junta, José Ignacio Echániz, ha recordado que con la colaboración público-privada no se modifica la titularidad de ningún hospital, porque son propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, asegura que si se aplicara en todo el Sistema Nacional de Salud, se reduciría el déficit sanitario en un 42%. Y, en el ámbito nacional, se podrían ahorrar hasta 13.000 millones de euros, según datos de la consultora Russell Bedford. Como señala la ministra, el modelo se impone en sus distintas variantes: cogestión o constitución de empresas mixtas público/privadas para la gestión, concesión o alquiler de hospitales preexistentes o inserción o externalización de determinados servicios. Según el Instituto para el desarrollo e integración de la Sanidad (Idis), se estima que un 20% de la actividad de los hospitales privados corresponde a pacientes del Sistema Nacional de Salud. Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son las autonomías que cuentan con un mayor número de participaciones de centros estrictamente privados y con un mayor número de pacientes incluidos. A lo que se suma el mutualismo administrativo, un sistema que cubre a dos millones de asegurados, y con el que colaboran aseguradoras y buena parte del sistema provisor. El sector sanitario privado tiene una facturación de 26.292 millones de euros. Se estima que aproximadamente 7.700 millones de euros proceden de la colaboración del sector público con el sector privado (financiación pública y provisión privada). El origen del modelo se remonta a 1996, cuando la Generalitat Valenciana decidió que la construcción y explotación del Hospital de La Ribera, en Alzira, se realizara como una concesión administrativa, pero con una salvedad: el concesionario en otros sectores cobra a los particulares a cambio de la prestación del servicio; en este caso, era imposible, ya que una de las limitaciones legales en la prestación de servicios sanitarios por entidades privadas era el mantenimiento del servicio público asistencial gratuito. Por lo tanto, fue la Generalitat Valenciana la que empezó a pagar a la empresa adjudicataria. La concesión se realiza mediante un contrato, en cuyo pliego de cláusulas se fijan las condiciones correspondientes, en las que la UTE concesionaria se compromete a la buena marcha del servicio público, según criterios fijados por la Administración. Como contrapartida, la UTE asume la gestión y el riesgo. Al no ser posible cobrar a los particulares por la utilización del servicio público, la propia Generalitat Valenciana entrega anualmente a la adjudicataria una cantidad fija y pactada por cada usuario. El hospital factura más de 300 millones de euros y su beneficio ronda los 20 millones. Sin embargo, Marciano Sánchez, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, denuncia que el ciudadano paga de su bolsillo ya el 30%. El modelo entraña riesgos, como que el capital privado tenderá a maximizar su beneficio, lo que provocará un conflicto con la satisfacción de la necesidad pública que la Sanidad tiene a su cargo. Y que la presión para obtener beneficios podría reducir la calidad”.