"En teoría, la existencia de televisiones autonómicas públicas controladas por poderes democráticos, e impartiendo valores sociales y plurales, es una buena cosa. La realidad en todas las regiones es muy distinta, se convierten en instrumentos de propaganda del partido que gobierna en esa autonomía, da igual el PP, el PSOE, o CiU, cada cual tiene la suya y la pagan los impuestos de todos y todas. Ante este panorama lo ideal sería que la programación fuera la que no es hoy día y que la clase política dirigente diese un paso al costado y dejase de controlar y censurar la información. Como nada de eso va a ocurrir, es bueno que se sepan los números reales y la plantilla de trabajadores que soportan (muchos de ellos cuadros directivos, ligados al partido que gobierna hasta ahora en esa autonomía).
Lo que se viene son privatizaciones, es decir, que distintos holdings se hagan para su lucro personal con una propiedad pública hecha con el dinero de todos. Eso traerá consigo recortes salvaje de plantillas y poner la línea editorial de la emisora al servicio de los intereses de la empresa. Capitalismo puro y duro en todos los segmentos horarios. La televisión pública de la Comunidad Valenciana, Canal 9, tiene 1.800 trabajadores, una plantilla superior a Tele 5 y Antena 3 juntas. También y como este lunes recordó José Bono, el presidente del Congreso, una deuda de 1.287 millones de euros (congelar las pensiones un año cuesta 1.500) y un presupuesto de 184 millones (equivalente al mantenimiento anual de 552 camas en el hospital de Henares). La audiencia media de la televisión valenciana, objeto de tesis doctorales sobre la manipulación informativa, rozó en 2010 el 6%. Muchos se preguntan si son viables estas cifras. Lo primero que planteó el compañero de partido de Francisco Camps en Castilla-La Mancha, Marcial Marín, cuando alarmó sobre la “quiebra total” de esa autonomía, fue la privatización de su canal autonómico, CMT. Pero su presupuesto alcanza los 42 millones anuales y 380 empleados. El examen de los números revela efectivamente el gran agujero en el que se han transmutado las 13 televisiones públicas de España. Las cadenas costaron en 2009 a las comunidades 813 millones de euros en subvenciones, ingresaron 233 por publicidad y registraron unas pérdidas de 772, según un informe la consultora Deloitte encargado por UTECA, el lobby que agrupa a las cadenas privadas. En 2009, las cadenas costaron 813 millones en subvenciones, ingresaron 233 por publicidad y registraron pérdidas de 772. Sus presupuestos, salvo leves recortes de los últimos años (sobre el 5%), no han parado de crecer. La catalana TV3, con 360 millones y 2.700 empleados, es la más cara, seguida de Canal Sur (239 millones de euros y 1.680 empleados) controlada por el PSOE y la ya citada Canal 9. La situación de Telemadrid, que controla el Gobierno del PP de Esperanza Aguirre, no es tampoco pujante. Con una caída en picado de la publicidad, siguiendo la tónica del sector, la emisora madrileña registró en mayo una audiencia del 6,2% y una deuda acumulada de 230 millones. Su presupuesto, que mantiene un contrato con el Gobierno regional, es de 158 millones y su plantilla de 1.176 trabajadores. La telaraña audiovisual regional nació al calor del desarrollo autonómico. Las pioneras fueron ETB (1982), TV3 (1983), mientras que Telemadrid y Canal Sur vieron la luz en 1989. Cada hogar español desembolsó 110 euros en 2009 por mantener la telaraña audiovisual autonómica y 34 por sostener TVE. Las televisiones regionales, reunidas en la FORTA, no tienen una voz única al respecto y su secretario general, Enrique Laucirica, se ha limitado a declarar a EL PAÍS: “Sería bueno reducir el gasto público de las televisiones”. El repaso al panorama catódico autonómico arroja severas diferencias entre comunidades, según su población y la antiguedad de sus cadenas públicas. La vasca ETB fue la más cara (191 coste por hogar), seguida de canal Sur (121), Canal 9 (117), y TV3 (114). Emisoras relativamente nuevas, como la de RTV, que el presidente electo de Baleares, el popular José Ramón Bauza, planea suprimir, no nacieron precisamente con la austeridad como norma de cabecera (219 euros de coste por hogar). La de Castilla-La Mancha, en el punto de mira de la futura presidenta, Dolores de Cospedal, le costó a cada ciudadano 104 euros y la autonómica de Extremadura, que acaba de nacer, suma al año 13 millones, un poco menos que la de Aragón. Los expertos se preguntan si ese reparto es viable. “El sistema no puede sostener los 2.000 millones anuales que generan las televisiones autonómicas”, responde José María Román” (texto publicado no site insurgente.com)
Lo que se viene son privatizaciones, es decir, que distintos holdings se hagan para su lucro personal con una propiedad pública hecha con el dinero de todos. Eso traerá consigo recortes salvaje de plantillas y poner la línea editorial de la emisora al servicio de los intereses de la empresa. Capitalismo puro y duro en todos los segmentos horarios. La televisión pública de la Comunidad Valenciana, Canal 9, tiene 1.800 trabajadores, una plantilla superior a Tele 5 y Antena 3 juntas. También y como este lunes recordó José Bono, el presidente del Congreso, una deuda de 1.287 millones de euros (congelar las pensiones un año cuesta 1.500) y un presupuesto de 184 millones (equivalente al mantenimiento anual de 552 camas en el hospital de Henares). La audiencia media de la televisión valenciana, objeto de tesis doctorales sobre la manipulación informativa, rozó en 2010 el 6%. Muchos se preguntan si son viables estas cifras. Lo primero que planteó el compañero de partido de Francisco Camps en Castilla-La Mancha, Marcial Marín, cuando alarmó sobre la “quiebra total” de esa autonomía, fue la privatización de su canal autonómico, CMT. Pero su presupuesto alcanza los 42 millones anuales y 380 empleados. El examen de los números revela efectivamente el gran agujero en el que se han transmutado las 13 televisiones públicas de España. Las cadenas costaron en 2009 a las comunidades 813 millones de euros en subvenciones, ingresaron 233 por publicidad y registraron unas pérdidas de 772, según un informe la consultora Deloitte encargado por UTECA, el lobby que agrupa a las cadenas privadas. En 2009, las cadenas costaron 813 millones en subvenciones, ingresaron 233 por publicidad y registraron pérdidas de 772. Sus presupuestos, salvo leves recortes de los últimos años (sobre el 5%), no han parado de crecer. La catalana TV3, con 360 millones y 2.700 empleados, es la más cara, seguida de Canal Sur (239 millones de euros y 1.680 empleados) controlada por el PSOE y la ya citada Canal 9. La situación de Telemadrid, que controla el Gobierno del PP de Esperanza Aguirre, no es tampoco pujante. Con una caída en picado de la publicidad, siguiendo la tónica del sector, la emisora madrileña registró en mayo una audiencia del 6,2% y una deuda acumulada de 230 millones. Su presupuesto, que mantiene un contrato con el Gobierno regional, es de 158 millones y su plantilla de 1.176 trabajadores. La telaraña audiovisual regional nació al calor del desarrollo autonómico. Las pioneras fueron ETB (1982), TV3 (1983), mientras que Telemadrid y Canal Sur vieron la luz en 1989. Cada hogar español desembolsó 110 euros en 2009 por mantener la telaraña audiovisual autonómica y 34 por sostener TVE. Las televisiones regionales, reunidas en la FORTA, no tienen una voz única al respecto y su secretario general, Enrique Laucirica, se ha limitado a declarar a EL PAÍS: “Sería bueno reducir el gasto público de las televisiones”. El repaso al panorama catódico autonómico arroja severas diferencias entre comunidades, según su población y la antiguedad de sus cadenas públicas. La vasca ETB fue la más cara (191 coste por hogar), seguida de canal Sur (121), Canal 9 (117), y TV3 (114). Emisoras relativamente nuevas, como la de RTV, que el presidente electo de Baleares, el popular José Ramón Bauza, planea suprimir, no nacieron precisamente con la austeridad como norma de cabecera (219 euros de coste por hogar). La de Castilla-La Mancha, en el punto de mira de la futura presidenta, Dolores de Cospedal, le costó a cada ciudadano 104 euros y la autonómica de Extremadura, que acaba de nacer, suma al año 13 millones, un poco menos que la de Aragón. Los expertos se preguntan si ese reparto es viable. “El sistema no puede sostener los 2.000 millones anuales que generan las televisiones autonómicas”, responde José María Román” (texto publicado no site insurgente.com)
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