"...El canario medio debe de estar bastante confuso, y hastiado, al ver últimamente en los medios de comunicación una serie de conflictos políticos e institucionales difíciles de entender, excepto en algo que se da en todos ellos, y es que se incumple la ley. Es algo que ocurre con frecuencia en este país y no pasa nada; al menos si el infractor es una administración o un poder públicos. Por ejemplo, es difícil enterarse de quién tiene razón en la rebatiña que se ha organizado entre comunidades autónomas por los Presupuestos Generales del Estado, pero, al menos, algo queda claro: a Canarias le corresponde por ley -así consta en su Régimen Económico y Fiscal- recibir del Estado cada año una cantidad por habitante no inferior a la media del conjunto de España; sin embargo, esa premisa lleva mucho tiempo sin cumplirse y no pasa nada.
...Otro caso: los municipios canarios tienen que adaptar sus planes urbanísticos a leyes de rango superior dictadas por el Gobierno autónomo, para así conseguir un desarrollo armónico y equilibrado del Archipiélago y poder planificar las infraestructuras a largo plazo. El resultado es que años después de entrar en vigor esa obligatoriedad, más de la mitad de los ayuntamientos siguen haciendo caso omiso de la ley.
Un tercer caso, éste aplicable a ciertos lugares de la Península, es el la llamada ley de banderas de 1981, la cual dice que la enseña nacional "deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado". Pues bien, no sólo esto no es así en muchos lugares de Cataluña y el País Vasco, sino que el Gobierno central lo reconoce y dice que mejor dejar las cosas así, no vayan a armar más bronca los que se niegan a cumplir la ley.
Y, por no hacer la relación demasiado larga, un cuarto y último ejemplo: dice el artículo 149, apartado 2, de la Constitución que el Estado tiene competencia exclusiva sobre "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". Entonces, ¿por qué los cabildos canarios y la comunidad autónoma se ven obligados a cuidar de los inmigrantes menores de edad que llegan de forma ilegal a Canarias y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se desentiende de ellos, replicando, encima, con ataques las quejas de las administraciones insulares en este sentido?
...Es la vieja historia de siempre, aplicada a asuntos que están ahora de actualidad, pero lo mismo podría decirse de otros muchos que están ahora en el olvido. Quien hizo la ley hizo la trampa. O, expresado más vulgarmente: quien roba una gallina va a la cárcel, pero quien se lleva millones de euros tiene muchas posibilidades de librarse. Éste es todavía un país de risa en muchos aspectos, pero lo del cumplimiento de las leyes es para llorar". (fonte: jornal "El Dia", com a devida vénia)
...Otro caso: los municipios canarios tienen que adaptar sus planes urbanísticos a leyes de rango superior dictadas por el Gobierno autónomo, para así conseguir un desarrollo armónico y equilibrado del Archipiélago y poder planificar las infraestructuras a largo plazo. El resultado es que años después de entrar en vigor esa obligatoriedad, más de la mitad de los ayuntamientos siguen haciendo caso omiso de la ley.
Un tercer caso, éste aplicable a ciertos lugares de la Península, es el la llamada ley de banderas de 1981, la cual dice que la enseña nacional "deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado". Pues bien, no sólo esto no es así en muchos lugares de Cataluña y el País Vasco, sino que el Gobierno central lo reconoce y dice que mejor dejar las cosas así, no vayan a armar más bronca los que se niegan a cumplir la ley.
Y, por no hacer la relación demasiado larga, un cuarto y último ejemplo: dice el artículo 149, apartado 2, de la Constitución que el Estado tiene competencia exclusiva sobre "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". Entonces, ¿por qué los cabildos canarios y la comunidad autónoma se ven obligados a cuidar de los inmigrantes menores de edad que llegan de forma ilegal a Canarias y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se desentiende de ellos, replicando, encima, con ataques las quejas de las administraciones insulares en este sentido?
...Es la vieja historia de siempre, aplicada a asuntos que están ahora de actualidad, pero lo mismo podría decirse de otros muchos que están ahora en el olvido. Quien hizo la ley hizo la trampa. O, expresado más vulgarmente: quien roba una gallina va a la cárcel, pero quien se lleva millones de euros tiene muchas posibilidades de librarse. Éste es todavía un país de risa en muchos aspectos, pero lo del cumplimiento de las leyes es para llorar". (fonte: jornal "El Dia", com a devida vénia)
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