El Tribunal Constitucional admitió el pasado año dieciséis recursos contra leyes impulsadas por ambas administraciones. Pese a que la conflictividad ha decrecido respecto a la legislatura anterior, las disputas continúan, sobre todo en relación con las reformas estatutarias, las competencias y la gestión de recursos. El talante del que se jacta José Luis Rodríguez Zapatero no ha logrado taponar la conflictividad constitucional entre el Gobierno central y los autonómicos. En 2006, el Tribunal Constitucional recibió 16 recursos contra leyes de una y otra administración, tres más que en el año anterior. El incremento, sin embargo, es irrelevante en comparación del clima que se vivió durante el último mandato de José María Aznar ya que entre 2000 y 2004 el órgano de arbitraje constitucional contabilizó hasta 217 conflictos. Rodríguez Zapatero se precia de tener un diálogo fluido con los gobernantes territoriales, subraya que en estos tres años largos de mandato ha mantenido 52 reuniones con gobernantes autonómicos de todos los colores políticos; ha creado la Conferencia de Presidentes, que ha celebrado tres reuniones; y ha celebrado un debate sobre el estado de las autonomías. También tiene a gala haber alcanzado una relativa paz jurídica con las administraciones autonómicas, pero las disputas persisten. Los últimos datos del Tribunal Constitucional constatan que los ejecutivos autonómicos impugnaron el año pasado nueve leyes aprobadas por las Cortes, mientras que la administración central recurrió siete normas de las comunidades. La Rioja y Aragón presentaron dos recursos cada una, mientras que Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León formalizaron uno. El Gobierno central, a su vez, llevó al Tribunal Constitucional tres leyes de la Generalitat de Cataluña, y una de Euskadi, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha. Es significativo que casi todos los recursos planteados por las autonomías procedieron de comunidades gobernadas por el PP, con las excepciones aragonesa y castellano-manchega.
Las más beligerantes
Las estadísticas constatan que la trayectoria histórica más beligerante es la de Cataluña, que tiene recurridas 30 leyes nacionales; seguida de Andalucía, 20; Aragón, 16; y Castilla-La Mancha, 10. Galicia, Cantabria y Madrid, en cambio, no tienen pendiente ninguna impugnación. En el término medio se sitúan Asturias, que tiene impugnadas 6 normas estatales; Extremadura, 5; Navarra y Baleares, 4; Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja, 3; y Euskadi y Canarias, dos. La administración central, por su parte, tiene impugnadas 9 disposiciones legales de Cataluña; 8 de Euskadi; 6 de Andalucía; cinco de Canarias; 4 de Extremadura y Castilla-La Mancha; 3 de Castilla y León, Baleares, Navarra y Cantabria; 2 de Aragón, Comunidad Valenciana, y Asturias; una de Madrid y Murcia; y ninguna de Galicia y La Rioja (fonte: El Dia)
Las más beligerantes
Las estadísticas constatan que la trayectoria histórica más beligerante es la de Cataluña, que tiene recurridas 30 leyes nacionales; seguida de Andalucía, 20; Aragón, 16; y Castilla-La Mancha, 10. Galicia, Cantabria y Madrid, en cambio, no tienen pendiente ninguna impugnación. En el término medio se sitúan Asturias, que tiene impugnadas 6 normas estatales; Extremadura, 5; Navarra y Baleares, 4; Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja, 3; y Euskadi y Canarias, dos. La administración central, por su parte, tiene impugnadas 9 disposiciones legales de Cataluña; 8 de Euskadi; 6 de Andalucía; cinco de Canarias; 4 de Extremadura y Castilla-La Mancha; 3 de Castilla y León, Baleares, Navarra y Cantabria; 2 de Aragón, Comunidad Valenciana, y Asturias; una de Madrid y Murcia; y ninguna de Galicia y La Rioja (fonte: El Dia)
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