El Gobierno de Canarias tiene la intención de sumarse en las próximas semanas a la lista de comunidades que han anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo aprobada por el Estado al entender que invade competencias autonómicas en materia del planeamiento y de los municipios en la negociación de los convenios urbanísticos. El consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo, Domingo Berriel, que asegura que la nueva legislación no supone "un gran avance con respecto a lo que tenemos en Canarias", y admite que los servicios jurídicos preparan esta iniciativa que se presentaría en los próximos tres meses y que sumaría al Archipiélago a los territorios que, como La Rioja o la Comunidad Valenciana, han anunciado que llevarán el asunto a los tribunales por motivos similares. "He hablado con otros consejeros -explica- y estoy seguro de su intención es la de ir por el mismo camino. Especialmente en los últimos años, todas las leyes que va aprobando el Gobierno del Estado tienen el mismo sesgo, el de tratar de recuperar competencias que había reconocido en su momento, sobre todo en aquellas leyes cuyo desarrollo depende de las comunidades autónomas, a pesar de que son derechos y no concesiones graciosas", añade.
La oposición del Gobierno a la ley bascula en torno a dos ejes: lo que considera una política intervencionista en materia del planeamiento y las limitaciones que establece a los ayuntamiento a la hora de fijar los aprovechamientos de los convenios urbanísticos.
Límites a los convenios
Sobre el primer aspecto, la Comunidad autónoma rechaza que la nueva legislación condicione los límites de los espacios naturales y de la Red Natura 2000, al tiempo que considera invasivo que el Estado entre a regular cuántos y qué tipos de informes han de exigirse a la hora planificar el suelo, "legislando también sobre el contenido de estos informes", explica Berriel, quien recuerda que dos sentencias anteriores del Tribunal Constitucional "dejan claro que la ordenación del territorio es competencia de las autonomías. La Ley del Suelo regula, incluso, cuestiones como los silencios administrativos en el planeamiento", añade. Entre otros elementos de oposición a la ley, Berriel asegura que "el Estado, apelando a derechos como la vivienda o la seguridad, invade competencias autonómicas. La nueva ley -recuerda- dice hasta qué clase de informe hidrológico tiene que tener un planeamiento y eso sólo lo podemos hacer nosotros". En lo que respecta a la autonomía municipal, la consejería rechaza los límites que la legislación pone en la negociación de los convenios urbanísticos. "La ley -subraya- no pone, como sería lógico, condiciones de mínimos en esas negociaciones, sino que evita que se pueda obtener más cuando se negocia con un particular. Establece topes en las prestaciones y limita los aprovechamientos, lo que supone invadir las competencias municipales y limita sus derechos a las plusvalías" (fonte: El Dia)
La oposición del Gobierno a la ley bascula en torno a dos ejes: lo que considera una política intervencionista en materia del planeamiento y las limitaciones que establece a los ayuntamiento a la hora de fijar los aprovechamientos de los convenios urbanísticos.
Límites a los convenios
Sobre el primer aspecto, la Comunidad autónoma rechaza que la nueva legislación condicione los límites de los espacios naturales y de la Red Natura 2000, al tiempo que considera invasivo que el Estado entre a regular cuántos y qué tipos de informes han de exigirse a la hora planificar el suelo, "legislando también sobre el contenido de estos informes", explica Berriel, quien recuerda que dos sentencias anteriores del Tribunal Constitucional "dejan claro que la ordenación del territorio es competencia de las autonomías. La Ley del Suelo regula, incluso, cuestiones como los silencios administrativos en el planeamiento", añade. Entre otros elementos de oposición a la ley, Berriel asegura que "el Estado, apelando a derechos como la vivienda o la seguridad, invade competencias autonómicas. La nueva ley -recuerda- dice hasta qué clase de informe hidrológico tiene que tener un planeamiento y eso sólo lo podemos hacer nosotros". En lo que respecta a la autonomía municipal, la consejería rechaza los límites que la legislación pone en la negociación de los convenios urbanísticos. "La ley -subraya- no pone, como sería lógico, condiciones de mínimos en esas negociaciones, sino que evita que se pueda obtener más cuando se negocia con un particular. Establece topes en las prestaciones y limita los aprovechamientos, lo que supone invadir las competencias municipales y limita sus derechos a las plusvalías" (fonte: El Dia)
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