La Comisión Europea (CE) esgrime una serie de informes para demostrar que los fondos de cohesión, más allá del arreón inicial, no han conseguido cerrar la brecha entre países ricos y pobres. Partiendo de esa certeza, el pasado 16 de julio propuso un cambio de modelo que encierra un recorte de esas partidas de hasta la mitad. Lo peor es que ni siquiera tiene en cuenta las desventajas estructurales que han de enfrentar regiones ultraperiféricas como Canarias. Las Islas miran preocupadas hacia Bruselas, sobre todo porque saben que el compromiso arrancado por Donald Trump y que llevará a incrementar progresivamente el gasto militar hasta alcanzar el 5% del PIB en 2035 –desde el 2,1% actual– se traduce en miles de millones que tendrán que salir de algún rincón del presupuesto.
¿Qué propone la CE?
Quiere reducir los actuales 300 programas, con sus respectivas fichas financieras, a solo 27. Es decir, uno por cada país miembro. Cada uno de ellos decidiría cómo reparte el dinero entre sus regiones. Lo peor es que la cantidad que llegaría a cada estado se reduciría a la mitad, aunque la CE lo niega. En el marco presupuestario vigente (2021-2027), España recibe aproximadamente 37.300 millones de euros para políticas de cohesión. Según el Ministerio de Hacienda, cerca de 2.800 millones de euros corresponden a Canarias. Reducir esa cantidad a la mitad supondría un golpe demasiado duro como para ser asumido sin daños por el Archipiélago.
¿Y en agricultura?
La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, quiere que se agrupen los fondos de cohesión y los destinados a financiar la Política Agraria Común (PAC) en una única partida. De nuevo será cada país miembro, según ese esquema, el que decidirá cómo completar la suma que perciben sus agricultores. De hecho, el modelo anima a instaurar ayudas de Estado, un mecanismo siempre observado con lupa para evitar la competencia desleal dentro del mercado único europeo pero que en esta ocasión Bruselas ha prometido que mirará con buenos ojos. «No hay las mismas posibilidades financieras en Alemania y España», alerta la directora general de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Celia Alberto. En su opinión, esto abriría la puerta a la generación de «agricultores de primera y de segunda».
Tiempo y esperanza
La variación del modelo propuesta estaría vigente para el marco financiero plurianual 2028-2034. Es decir, hasta el momento no puede ser tratado sino como un intento que está lejos, al menos temporalmente, de cumplirse. Hay muchos meses por delante y negociaciones pendientes durante las que puede torcerse la voluntad inicial puesta sobre la mesa. Por eso mismo, se entiende que la iniciativa de Bruselas no es sino una posición de máximos que se irá rebajando con el paso del tiempo. Sin embargo, la línea apuntada ha hecho remangarse a todos los estados. Las economías más poderosas, como la alemana o la neerlandesa, se enfrentan, sobre todo en el caso de la primera, al grave problema de los aranceles impuestos por el ocupante de la Casa Blanca. Además, no les falta razón cuando señalan el escaso impacto que los fondos de cohesión están teniendo para que economías como la española –también la italiana o la griega– giren en busca de una mayor productividad y competitividad, y salgan del denominado «estancamiento del desarrollo».
Corrientes de opinión
Bruselas no es sinónimo de UE. Lo que dice la CE no va a misa. Consejo y Parlamento europeos colegislan, ni uno ni otro tienen capacidad suficiente para imponer sus tesis. Esta misma semana, conservadores (grupo popular), socialdemócratas, ecologistas y liberales –la esencia cuantitativa e ideológica de la Eurocámara– han dirigido una carta a Ursula von der Leyen en la que exponen los daños que causaría el cambio que propone. Sin ambages, le solicitan que dé marcha atrás a la mayor brevedad. Con la puerta del Parlamento Europeo cerrada a cal y canto, a la presidenta de la CE no le quedará más remedio que sentarse a negociar para hallar fórmulas en las que todos puedan sentirse cómodos.
Postura de canarias
El Gobierno canario no quiere depender de lo que Madrid decida. «Por el momento, España no tiene postura oficial», sostiene Celia Alberto tras mantener varias reuniones con representantes de los ministerios de Hacienda y Asuntos Exteriores; «nos dicen que todo está en Moncloa», añade. El Ejecutivo regional entiende que la propuesta vulnera el artículo 349 del Tratado de funcionamiento de la UE, el que consagra el estatus de las regiones ultraperiféricas. «Bruselas dice que sea nuestro Estado el que preserve esa condición, pero viendo la sensibilidad mostrada en muchos casos y que eso sería ponernos a pelear con el resto de regiones españolas, no nos parece aceptable», continúa Alberto.
Futuro
Al hilo del pronunciamiento público de los grupos de la Eurocámara, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó el viernes su deseo de que se traduzca en una rectificación de Von der Leyen. La consejera de Hacienda isleña, Matilde Asián, cuenta ya con el compromiso de varios parlamentarios de su partido (PP) (La Provincia, texto do jornalista Julio Gutiérrez)
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